El Ayuntamiento de Almería ha elevado a consulta pública el borrador de la nueva Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de Almería, introduciendo en su articulado, tal y como anunció el pasado mes de mayo el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, mecanismos a favor de la convivencia ciudadana y la preservación de los espacios públicos, prohibiendo las actividades y prestación de servicios en la vía sin autorización. Así como el ofrecimiento de servicios y productos, de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el usuario, y sancionando no solo a quien lo ofrece, también a quien lo recibe.
Tal y como marca la ley, los diferentes grupos políticos tienen hasta el 29 de octubre, 15 días hábiles desde la publicación pública del borrador, para presentar sus alegaciones. Una vez vencido este plazo, el borrador se llevará a Junta de Gobierno Local para su aprobación. “Esperamos poder llevarla a pleno en el mes de noviembre para su aprobación inicial y que antes de finalizar el año podamos aprobarla de manera definitiva para su aplicación”, ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez.
La modificación de esta ordenanza viene a dar respuesta, a petición de los propios comerciantes y vecinos, a situaciones en puntos concretos de nuestra ciudad, como en la Avenida de la Estación, por el desarrollo de ciertas actividades comerciales ilegales en plena calle.
Con esta nueva ordenanza también se pretende poner fin a la situación que se da en los aledaños del Centro Hospitalario Torrecárdenas con la compra-venta de vehículos. “Se prohíbe la exposición de vehículos en la vía pública con objeto de promover su venta o alquiler, con independencia de su correcto establecimiento”, recoge la normativa.
El Ayuntamiento de la capital da, con esta modificación de la ordenanza, un paso más para poner fin a este tipo de situaciones, mejorando la convivencia y la imagen de la ciudad. Para asegurarse su cumplimiento, la ordenanza contempla sanciones para los infractores, tanto si son vendedores como compradores, que van desde un apercibimiento o multas que pueden rondar hasta los 18.000 euros y hasta tres meses sin ejercer la venta e incluso la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.