Sabado, 28 Noviembre 2020

 


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La Ley de Agricultura reforzará la posición de los profesionales y fomentará la donación de excedentes alimentarios

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto, el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. 
El texto incluye disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a su donación o reutilización. 
Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria. Por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante. Esta práctica de “venta a pérdida”, hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros. Se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos .encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
El anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, en casos de riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario y de infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de infractores y marcas comerciales.
En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley será pionera en España al sentar las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. 
La agroindustria andaluza es, tras la catalana, la segunda más importante de España en términos de valor añadido. Lidera el ‘ranking’ nacional en número de empresas y constituye el motor económico de numerosas comarcas rurales. Sus ventas al extranjero, más de 8.872 millones de euros anuales, suponen uno de los principales capítulos del comercio exterior de la comunidad.
 

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