Tras la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo, la alegría inicial de un gran número de almerienses que se pueden beneficiar de esta resolución se ha convertido en incertidumbre. Así, en la actualidad ni el Gobierno ni las entidades financieras tienen fijada una hoja de ruta para hacer efectivos los pagos a los que les obliga el tribunal europeo, pagos que tienen carácter retroactivo.

El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, Enrique Sanjuán, quien fue el primero en plantear la retroactividad ante la justicia europea, expresa que en Almería puede haber entre 20.000 y 30.000 familias perjudicadas por los intereses de las cláusulas suelo que aún no han presentado reclamación.

A su vez, juristas especializados en pleitos financieros, estiman que la retroactividad avalada por el tribunal Europeo puede elevar la cifra a devolver a los consumidores almerienses hasta los 72 millones de euros.

El Gobierno, que preveía presentar hoy en el Congreso el decreto ley para articular un sistema de cobro extrajudicial de dinero cobrado ilegalmente, decidió en la tarde de ayer aplazarlo una semana más para buscar un mayor consenso con el PSOE y consultar al Banco Central Europeo.

El Banco de España estima en algo más de 4.000 millones el impacto para los bancos.

El sistema extrajudicial persigue facilitar un acuerdo con las entidades y establece un plazo máximo de tres meses para su devolución. Este procedimiento será obligatorio para la entidad, pero voluntario para los consumidores. El ejecutivo quiere evitar, aunque no le incumba directamente, una avalancha de demandas en los tribunales  ante los costes extras que pueden llevar tanto para los hipotecados como paras las entidades, aunque supondría todo un maná para los despachos de abogados.