Viernes, 15 Noviembre 2019

 


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El tribunal cierra parte de las vistas del juicio del Caso Gabriel que comienza el lunes

El próximo lunes comienza en la Audiencia Provincial de Almería el juicio del Caso Gabriel Cruz que va a movilizar a cerca de 150 periodistas de 40 medios acreditados, cuestión que ha obligado a tomar medidas inéditas en la Audiencia almeriense. La primera de ellas y la más destacada es el cierre una parte de las declaraciones en el juicio oral. La magistrada Alejandra Dodero, en contra de las recomendaciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decretó el viernes la puerta cerrada para las testificales de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, la abuela del pequeño y una prima menor de edad.
Además tampoco se permitirá acceso de público o periodistas a las pruebas periciales de los forenses y a un informe de parte sobre las causas de la muerte del niño de ocho años en Rodalquilar el 27 de febrero de 2018. Prueba señalada para el día 16 de septiembre.
La magistrada de la Sección Segunda alega que “por el uso desmedido de la mediatización del caso, se ha generado un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia”. “Esta victimización secundaria sufrida, se verá sin duda agravada si se hacen públicos detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de como se produjo la muerte del menor”, precisa el auto judicial.
Esto supondrá que declaraciones claves en el caso como la opinión especializada de los forenses sobre las causas de la muerte no serán conocidas por fuentes directas sino por fuentes parciales.
Dodero atiende en su auto la petición realizada por el letrado de la acusación particular, Francisco Torres. Paradójicamente la defensa ejercida por los abogados Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez y la propia fiscal Elena Fernández Lora tampoco eran favorables a la celebración de un juicio retransmitido.
La resolución llega después de que la acusación particular haya presentado a la sala un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres y con el que se interesaba que se acordase la celebración del juicio con jurado popular a puerta cerrada.
Cabe recordar que a Ana Julia Quezada se le achaca también la presunta comisión de dos delitos de lesiones psíquicas sobre Patricia Ramírez y a Ángel Cruz, a quienes, según los escritos de las acusaciones, intentó «causar más sufrimiento» durante los días en los que estuvo desaparecido su hijo mientras que el auto de hechos justiciables de la magistrada subraya «su proceder» en los actos de movilización de esos días y el hecho de que la procesada estuviese «integrada en su más íntimo entorno familiar».
La representación procesal de los padres, ejercida por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, solicitó «expresamente», con el informe del SAVA que a la postre ha resultado decisivo, que las sesiones del juicio oral en su totalidad se celebrasen a puerta cerrada. Subsidiariamente, interesaban, también a recomendación del SAVA, que la falta de publicidad afectase al testimonio en sala de Patricia Ramírez y Ángel Cruz.
La magistrada rechaza la pretensión principal que podría llevar a la nulidad ya que, según remarca, el hecho de que el juicio se celebre a puerta cerrada «no evitará que se deje de hablar y tratar el triste suceso, que ya desde el principio tuvo una gran trascendencia mediática, ya de «forma voluntaria, ya involuntaria».
Admite, no obstante, la «necesidad de proteger determinados intereses», en la misma línea que ha expresado el Ministerio Fiscal, que al darle traslado de la petición de la acusación, ha respaldado las restricciones acordadas.
La resolución recoge parcialmente el contenido del informe del SAVA, que advierte del estado de «victimización secundaria» de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el «uso desmedido de la mediatización del caso» y remarca que se ha generado «un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia».
Añade que el hecho de que el juicio sea público y «grabado» generaría «una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma».
Los técnicos del SAVA apuntan, también, a que la «victimización secundaria sufrida» por Ángel Cruz y Patricia Ramírez «se verá sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor».
«Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada», concluye la magistrada para atender la solicitud de las acusaciones personas en la causa.
 

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