En una campaña realizada en 2010, Consumo detectó un seis por ciento más de incumplimientos que el año anterior. Los consumidores qdeben ser advertidos de si los cursos en los que se matriculan tienen su correspondiente autorización como enseñanzas oficiales o si, por el contrario, se trata de enseñanzas sin validez académica.

Las academias privadas, en su mayorí­a, proporcionan este segundo tipo de formación, no oficial, aunque existen casos en los que se imparte algún curso especí­fico que puede estar homologado. En ese supuesto, el centro debe acreditar esa homologación ante sus usuarios.

Consumo recuerda además que los centros están obligados a informar de cuánto cuestan sus cursos con todos los gastos incluidos. Este precio total debe incluir los gastos de matrí­cula, de inscripción, el material necesario o los gastos de enví­o en caso de que se trate de centros que imparten educación a distancia. En un diez por ciento de los casos no ponen a disposición del usuario la información relevante sobre las condiciones jurí­dicas y económicas de sus cursos.

La campaña de inspección se ha desarrollado en centros de formación en idiomas, especialmente aquellos que emplean métodos audiovisuales y sistemas no presenciales; en academias de preparación de oposiciones; en centros privados que anuncian la homologación de sus tí­tulos con enseñanzas oficiales para comprobar que así­ es; en centros en los que se publicita el acceso fácil al mundo laboral o en centros con contratación e información a distancia, por ejemplo a través de Internet.

El sector acumula en lo que va de año 72 reclamaciones por vulnerar los derechos del consumidor, 188 en todo 2010, y continúan manteniéndose como un sector de especial atención, tanto por la amplia difusión de sus servicios, como por las expectativas que generan debido a la publicidad que en, algunos casos, ofrece salidas profesionales seguras o tí­tulos homologados.