Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han reclamado a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, "más contundencia" en la actuación policial y judicial que sirva para frenar los "reiterados" robos que se producen en el campo.

Se trata de una reivindicación que comparten las tres organizaciones, que hoy han mantenido un encuentro presidido por Crespo para abordar asuntos de seguridad en el campo, y al que también han asistido máximos representantes de las tres entidades agrarias, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca; el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, Francisco Jiménez, y el comisario provincial de Almería, Custodio Hidalgo.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo ha informado los acuerdos alcanzados recordando que en la actualidad son 41 puestos de la Guardia Civil en Almería durante 24 horas y que la Comisaría provincial en la capital también da cobertura a la capital.

Los datos marcan un descenso de infracciones en las explotaciones agrarias, si bien ha añadido Crespo que los hurtos en las mismas no se denuncian, entre las soluciones planteadas, nace la figura de la pre.-denuncia.

Un oficial del SEPRONA perteneciente a la Guardia Civil se mantendrá en contacto con los propietarios de las explotaciones y a partir de este momento se mantendrán mensualmente reuniones con las organizaciones agrarias u cuerpos de seguridad, para analizar “palmo a palmo” la provincia.

En esta línea, el presidente de Asaja-Almería, Francisco Vargas, ha subrayado, la necesidad de adoptar medidas para que los robos en el campo "no se queden impunes una y otra vez", como, a su juicio, ocurre actualmente, cuando a los supuestos ladrones "se les detiene y al otro día están en la calle", algo que "no debe ocurrir".

Junto a esas medidas "disuasorias", el presidente provincial de Asaja piensa plantearle a Crespo la necesidad de "endurecer" las penas para estos robos, una reivindicación que, según ha explicado, piensa trasladarle la organización a nivel nacional al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Se trata, en concreto, de impulsar una reforma en el ordenamiento jurídico para "tipificar estos hechos como delitos y no como faltas", que es como son considerados "en numerosas ocasiones", según ha lamentado, dada la suma a la que asciende la pérdida.