Elaboran una guí­a para luchar contra el peor enemigo de las palmeras, el picudo rojo

La Consejerí­a de Agricultura y Pesca ha desarrollado un decálogo de medidas para la prevención y control de la principal plaga de las palmeras, conocido comúnmente como picudo rojo, que ha plasmado en un folleto divulgativo, dirigido al personal técnico de parques y jardines de los ayuntamientos y empresas especializadas.

Esta actuación se enmarca dentro de su Plan contra el Picudo Rojo, en el que se contemplan, entre otras, medidas de formación y divulgación, que se vienen realizando por parte de la Dirección General de la Producción Agrí­cola y Ganadera. Los interesados pueden ya consultar esta guí­a informativa en la dirección Web, 'www.juntadeandalucia.es'.

En su lucha contra esta dañina plaga, una de las principales lí­neas de actuación de esta Consejerí­a ha sido el refuerzo de las medidas preventivas, tal y como se contempló en su dí­a en el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno que establecí­a nuevas obligaciones y controles rigurosos para las zonas y árboles afectados.

En ese sentido, la titular de Agricultura, Clara Aguilera, destaca la gran importancia de la prevención a la hora de evitar una mayor expansión del picudo rojo en las palmeras, así­ como la necesidad de reforzar la coordinación entre todos los agentes implicados para frenar y controlar una plaga que afecta a la conservación de un emblemático patrimonio cultural, paisají­stico y medioambiental en muchos municipios andaluces.

A partir de 2005 se produjo una explosión de esta plaga fuera de las zonas de control, debido a un incremento en la demanda de palmeras para la urbanización de las avenidas y zonas residenciales de muchos pueblos que favoreció la entrada de este parásito desde paí­ses exportadores contaminados (Egipto, fundamentalmente). Esta situación se hizo extensiva a otros paí­ses del arco mediterráneo como Francia (zona costera), Italia, Portugal y Grecia.

En ese sentido, destacar que, actualmente se constatan más de 20.000 palmeras canarias retiradas, que han supuesto un gasto de nueve millones de euros, imputable a las medidas de erradicación --por arranque y destrucción de árbol-.