CSIF Solicita la garantí­a de los servicios públicos.

CSI·F, pide que, ante la reforma laboral y constitucional se garanticen los servicios públicos. Francisco Iglesias, presidente de CSI·F en Almerí­a, señala que " ha dado una vuelta de tuerca a los derechos de los trabajadores". Para CSI·F se ha aprobado muy deprisa una reforma del mercado laboral muy importante. 
Según el sindicato, son una vez más los más débiles los que van a pagar los platos rotos de la mala gestión polí­tica. "A los jóvenes se les amplí­a los contratos de formación hasta los 30 años, por lo que tendrán que seguir trabajando lo mismo que antes, pero por menos salario", señala.

Además, Iglesias manifiesta que los trabajadores con contratos más precarios, los eventuales, verán como permanecen en esta situación de incertidumbre durante más años, al haberse reformado el tiempo máximo de contratos temporales, que se fijaba en 2 años, y ahora permanecerán con renovación tras renovación de forma indefinida.

En esta lí­nea, desde CSI·F recuerdan que llevan mucho tiempo denunciando la actual polí­tica económica del Gobierno, en la que "el derroche y descontrol nos va a llevar a situaciones irreversibles". Según Iglesias, "el derroche producido en gastos superfluos por las distintas administraciones, así­ como la duplicidad o incluso tipicidad de administraciones realizando las mismas competencias, ha llevado a este paí­s a una situación económica muy delicada".

Con respecto a elevar a rango constitucional la limitación del déficit público, según CSI·F, se produce por imposición de los paí­ses poderosos de la Unión Europea y "nos llevará a que pasen años sin poder realizar las inversiones públicas necesarias para recuperarse, así­ como a que resulte muy difí­cil poder mantener las ayudas y los servicios sociales necesarios en una sociedad desarrollada como las nuestra".

Iglesias indica que con esta reforma constitucional express, al priorizar los pagos a los intereses y créditos concedidos por los bancos y fondos de inversión especulativos, y al no plantear gravámenes al capital y grandes fortunas fomentará irremediablemente los recortes sociales y los recortes de los servicios públicos.