Un estudio realizado por
Por esta razón, las 41 entidades que forman parte de EAPN-A han exigido a las administraciones un giro en las políticas y en el modelo económico que han llevado a esta«quiebra social». Así lo destacó ayer el director de Almería Acoge, Juan Miralles, quien señaló que un total de 2.467.000 andaluces«están en riesgo de alcanzar el umbral de la pobreza».
Así el responsable de Almería Acoge destacó que en la actualidad, cerca de la mitad de los andaluces (47,8%) no pueden afrontar gastos imprevistos y un 9,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (hipoteca, luz, agua, gas. .).
Entre los principales barómetros que reflejan el nivel de pobreza en Andalucía destacan dos pilares imprescindibles como son el empleo y en la vivienda. En cuanto el desempleo,«ya ha alcanzado al 31% de los andaluces», destacó el director de Almería Acoge, en el caso concreto de la provincia de Almería,«la tasa de paro ha batido una y otra vez su propio récord».
El informe señala que una de las razones de peso del aumento exponencial de la pobreza es la destrucción de empleo, que,«se ha triplicado en Andalucía desde el inicio de la crisis». Además, uno de cada tres andaluces en activo se encuentra en situación de desempleo, en total más de un millón de personas, y de ellas cerca de la mitad (42%) no recibe ningún tipo de prestación.
El acceso a la vivienda también aparece como una de las variables alarmantes. Y es que Andalucía lidera tras Valencia, el número de desahucios del primer semestre de este año (7.133) y encabeza el número de ejecuciones hipotecarias previstas en España, según el Consejo General del Poder Judicial,Almería posee el récord en número de desahucios en Andalucía,«con 747 familias desalojadas solo en lo que llevamos de años», añadió Miralles.
«Datos como estos nos hacen pensar que estamos ante una auténtica quiebra social», resaltaron los colectivos que, al mismo tiempo, señalaron a los gobiernos y administraciones competentes como las instituciones«que no han sabido reaccionar ante una situación tan crítica».
Por todo ello reclama además de un cambio en el modelo de desarrollo imperante, propuestas tales como: la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas, evaluaciones más estrictas del impacto de las mismas, que se impulse la inclusión activa sin limitarla exclusivamente al empleo, la reactivación de