Unos 4.000 almerienses, aproximadamente, dejarán de tener hoy convenio colectivo en vigor debido a la limitación de la ultraactividad de los pactos sociales sectoriales a un año impuesto por la última reforma laboral, la del Partido Popular. La cifra la dan los sindicatos, que en los últimos meses se han afanado en ir cerrando las negociaciones con la patronal para solventar la casuística que, desde hoy, afecta de forma directa a un importante sector en Almería: el de canteras.José Carlos Tejada, secretario de Relaciones Laborales, Políticas Sociales y Sectoriales de Comisiones Obreras, ha apuntado que , por suerte, Almería está «bastante bien». Precisamente, la existencia a nivel andaluz del VII Acuerdo de Concertación Social allana el camino para alcanzar ententes entre las organizaciones empresariales y las de trabajadores.
Es más, a nivel estatal se alcanzó, inicialmente, un acuerdo para prorrogar un año la vigencia de los convenios colectivos en aquellos casos en los que quedaran descolgados. Al menos en tanto en cuanto se pueda mantener un proceso negociador.
Una cifra que alcanza en toda España a cerca de dos millones de trabajadores, con lo que se abre asi un periodo de incertidumbre y previsible litigiosidad, cuestion que hara que un gran numero de trabajadores puedan ver decaer el convenio que hasta ahora les venia amparando con la consiguiente perdida de derechos laborales.
Recordar que tanto la Patronal como los sindicatos consensuaron el pasado 5 de abril que entre el 1 de enero de 2006 y el 7 de julio de 2012 se habían denunciado 1.682 convenios (3,5 millones de trabajadores), de los que de acuerdo con un recuento de CC.OO. y UGT a 3 de julio 1.324 convenios aún están pendientes de firma. Estos convenios afectan a más de 1,8 millones de trabajadores.
De estos convenios pendientes, la mayor parte (953) corresponden al ámbito privado, con 1,7 millones de trabajadores, en sectores como los de aguas, consultoras, curtidos o elaboración de productos cocinados. En el ámbito público, aún permanecen abiertos 371 convenios (148.076 trabajadores), en su mayor parte pertenecientes a ayuntamientos y a organismos, empresas y entidades públicas como Paradores y astilleros.
Sin embargo, la patronal cree que hay excluir de los convenios pendientes, aquellos que se dan por bloqueados por llevar más de dos años negociándose y que deberían remitirse a los sistemas de solución autónoma de conflictos, los convenios nacionales de Estaciones de Servicios y de Mataderos de aves y conejos, que ya se han firmado y que afectan a casi 90.000 trabajadores y aquellos que han desaparecido por cierre de empresa o integración en un ámbito superior.
La duda ahora es saber qué ocurrirá con estos convenios colectivos. Para evitar un decaimiento masivo y un estallido de conflictividad, patronal y sindicatos firmaron el pasado mes de mayo a nivel confederal el Acuerdo sobre ultraactividad de los convenios colectivos, como parte del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.
Siendo su pretensión la crear un clima de confianza mutua y un compromiso para agotar las negociaciones en los procesos de renovación de convenios vigentes más allá del límite establecido por la reforma laboral.
En el caso de no ser posible un acuerdo, las partes promovían que se acordara la continuidad del proceso de negociación más allá de los plazos legales y se instaba en caso de bloqueo a acudir a una mediación obligatoria o arbitraje voluntario.
No obstante, este acuerdo, de ocho puntos, se firmó a nivel confederal y no dejaba de ser una declaración de intenciones que no obligaba a que en las unidades de negociación concretas puedan darse bloqueos intencionados de los convenios por algunas de las partes.
En la práctica, el acuerdo para la renovación no ha cristalizado en miles de convenios colectivos, lo que ha motivado que CC.OO. y UGT incluso hayan hecho una llamada al Gobierno para que "replantee" el límite de la 'ultraactividad' y le responsabilicen de la conflictividad que pueda brotar a partir del 8 de julio, en continuación de las huelgas ya convocadas en lugares como Cataluña o País Vasco.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado que "de ninguna manera" teme una oleada de conflictividad a partir de esa fecha y ha asegurado que en las últimas semanas se están negociando "muchísimos convenios".
Además, según los datos que maneja la patronal alrededor del 68% de los convenios firmados tras la reforma laboral cuentan con algún tipo de prórroga de la vigencia de los derechos laborales más allá del año límite de la ultraactividad, lo que demuestra que la negociación colectiva sigue su curso y "no tiene ninguna problemática". No obstante, el 30% restante no cuenta con un compromiso de mantenimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores pasado ese año.