El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha explicado la intención del Ayuntamiento de Almería de exigir a la Junta de Andalucía “un informe jurídico que dote de las mayores garantías a las actuaciones que el consistorio ponga en marcha, atendiendo a la instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y de la Dirección General de Urbanismo que han seguido a la suspensión, por parte del gobierno regional, del documento de revisión del Plan General del Ordenación Urbana”.

Así lo ha trasladado  el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el transcurso de la reunión que ha mantenido esta mañana  en Sevilla, con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Gregorio Fiscal López, con quien ha abordado la situación que hoy ofrece este documento “después de doce años de tramitación, con dos aprobaciones provisionales en este periodo, y que ha seguido las directrices que se han marcado, a nivel de tramitación y planeamiento, por la propia Junta de Andalucía”, ha precisado Castellón. 

El edil popular espera que el resultado de este encuentro “arroje luz ante la incertidumbre provocada por la suspensión del documento por parte de la Junta, a la vista de casos similares que han enfrentado otros municipios o respecto a las dudas expresadas por diferentes colectivos en relación a la tramitación del documento”.

Castellón ha insistido en que “queda claro que los obstáculos al PGOU no pasaban por el agua, y sí por un asunto de mayor trascendencia como es la falta del documento de alternativas que la propia Junta de Andalucía, en ningún momento de la tramitación, nos ha solicitado. En este punto, con el compromiso de trabajar conjuntamente e ir de la mano de la Junta, como por otra parte se ha hecho hasta ahora, y para solucionar esa vía, toca seguir actuando con la mayor de las responsabilidades y con todas las garantías jurídicas, porque así lo merecen los ciudadanos de Almería y su tejido económico. Mano tendida y colaboración habrá por nuestra parte, pero con la seguridad jurídica necesaria que tendrá que acreditar en sus decisiones la Junta de Andalucía”, ha reconocido.