Las provincias desde las que se han presentado mayor número de quejas son Málaga con 307, Sevilla con 257, y Cádiz con 161. Les siguen Granada con 77 y Córdoba con 65. Por su parte, fueron Huelva, Almerí­a y Jaén las provincias con menor número de quejas con 39, 31 y 30 respectivamente. El resto hasta completar la totalidad de las 1.376 provienen de ciudades y provincias fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucí­a.

Esta evolución ascendente se manifiesta también en el Servicio del Teléfono que en el presente ejercicio ha atendido un total de 736 consultas frente a las 682 del año anterior. El perfil de la persona consultante se caracteriza por ser adulta, mujer, de edad comprendidas entre 30 y 45 años, emparentada con el menor en primera lí­nea de consanguinidad, procedente de las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, principalmente.

Muchas de las quejas recibidas durante 2011 se encuentran directa o indirectamente relacionadas con la adversa coyuntura económica general que atravesamos, y cuyas múltiples implicaciones se dejan sentir de formas variadas y con mayor intensidad en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

Las actuales dificultades económicas están aumentando la exclusión y la marginalidad de determinadas familias y desdibujando las fronteras de la pobreza extendiéndola hacia las clases medias. Se trata de familias que se encontraban en una situación normalizada pero que la prolongación de la crisis las ha convertido en un colectivo de especial vulnerabilidad como consecuencia, principalmente, de la pérdida del empleo de uno, varios o de todos los miembros de la unidad familiar.

El panorama que describimos tiene su fiel reflejo en las quejas que la ciudadaní­a plantean a la Institución, unas reclamaciones -en ocasiones más bien unas llamadas de auxilio- que ponen de relieve con toda su crudeza la desesperación de muchas personas ante la impotencia de no poder hacer nada por cambiar una situación que les impide satisfacer las necesidades básicas de sus hijos.

En épocas anteriores se produjo una importante mejora en los recursos públicos destinados a la protección de menores, si bien estos esfuerzos realizados todaví­a estaban lejos de alcanzar un estado óptimo en la protección a la infancia. Los avances de entonces no pueden ni deben verse afectados con los recortes en polí­ticas dirigidas a este sector de la población.

La Institución demanda la elaboración de un Plan Andaluz contra la pobreza que establezca acciones especí­ficas y eficaces para reducir y ayudar a los niños y niñas en nuestra Comunidad Autónoma que viven o puedan vivir por debajo del umbral de la pobreza. Es necesario, por tanto, un esfuerzo de los poderes públicos para incrementar los niveles de protección de este sector especialmente vulnerable de la sociedad, sobre todo en tiempos de crisis.