El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto-ley de medidas de carácter urgente para desarrollar el plan de choque por el empleo que estará dotado con 15 millones de euros y tendrá 3.125 beneficiarios hasta 2014 que percibirán 4.800 euros anuales distribuidos en doce mensualidades que podrán verse incrementados mediante iniciativas privadas.

Así lo ha avanzado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, durante la que ha detallado que el decreto-ley se articula en cuatro programas que, además de regular el bono de empleo Joven, amplía las ayudas para autónomos y economía social, establece el marco legal de las medidas extraordinarias de empleo acordadas en febrero y redefine las zonas prioritarias para su aplicación.

Se trata de una ayuda de 4.800 euros para menores de 35 años, distribuida en 12 mensualidades de 400 euros y que se hará efectiva cuando se formalice un contrato laboral por un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa. De acuerdo con la regulación aprobada, el beneficiario conserva el derecho a la prestación en caso de que se extinga su contrato sin finalizar el año, disponiendo de tres meses para encontrar otro empleo y completar las mensualidades pendientes.

El segundo programa regulado en el decreto ley, de apoyo y fomento del trabajo autónomo, cuenta con un presupuesto inicial de 51,17 millones de euros para 2013 y establece seis líneas de ayudas en los ámbitos de creación de empleo, consolidación, constitución de sociedades, afianzamiento empresarial, innovación y promoción.

La segunda línea, de consolidación del empleo, incentiva con 3.000 euros las transformaciones de contratos temporales en indefinidos que realicen los autónomos (hasta un máximo de tres), mientras que la tercera, de apoyo a la creación de empresas, respalda el inicio de la actividad con medidas destinadas preferentemente a jóvenes.

En este caso se establecen ayudas de hasta 2.000 euros para personas que se conviertan en autónomas, lo que equivale a una cuota lineal de 50 euros al mes durante dos años de cotización a la Seguridad Social para hombres de hasta 30 años de edad y mujeres de hasta 35 (frente a los seis meses que fija la actual norma estatal en la misma materia).

La primera se destina a favorecer la profesionalización y a mantener y mejorar la posición competitiva de las empresas andaluzas de economía social. Se fomentará así la incorporación de personas socias o trabajadoras, con incentivos de entre 2.000 y 10.000 euros dependiendo del colectivo y otros específicos de hasta 10.000 euros para la contratación de gerentes o personal técnico. Otros incentivos son los que se establecen para respaldar la constitución de empresas de economía social (incluyendo la transformación en las mismas de sociedades con actividad económica ya existente); la viabilidad económica-financiera, y el relevo generacional. La cuantías de estas ayudas pueden alcanzar el 110% de los gastos subvencionables, con un límite de 200.000 euros.

La tercera línea, de apoyo a la cooperación empresarial, recoge incentivos para actividades de interés común de varias sociedades, que requieren compartir recursos, reducir riesgos y costes y aumentar los ingresos. La cuantía puede alcanzar el 50% de los gastos subvencionables, con un límite máximo de 45.000 euros por actuación: 15.000 euros en concepto de gastos previos y 30.000 euros para costes de puesta en marcha.

A partir de la inmediata entrada en vigor del decreto-ley tras su publicación en el BOJA, se abrirá un plazo de un mes para que los beneficiarios presenten sus solicitudes, salvo en algunos casos de incentivos empresariales. Una vez presentada la petición, el plazo de resolución será de dos meses en el caso del Bono de Empleo Joven y de tres meses para las otras ayudas.

El consejero, que ha apuntado que estas medidas han sido analizadas con sindicatos, empresarios, con entidades de la economía social y de autonómicos, ha lamentado las críticas del PP-A, que ha calificado de inconcebibles, y le ha pedido que, como mínimo, tenga la "decencia política" de reconocer lo que se hace.